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Tres miembros de la familia Pérez, refugiados salvadoreños que viven en México, visitan la tumba de un joven pariente en el estado de Chiapas, en México. © ACNUR/UNHCR/Daniele Volpe

Cuatro miembros de la familia Pérez fueron asesinados por pandillas callejeras en El Salvador. Los 17 familiares supervivientes huyeron a México.

TAPACHULA, México, 27 de marzo de 2017 (ACNUR/UNHCR) - Los Pérez tenían una vida modesta pero cómoda como panaderos en un barrio conflictivo de la capital de El Salvador. Todos sus hijos habían estudiado secundaria, y algunos incluso iban a la universidad, todo bajo la mirada satisfecha de María Luz Pérez, la matriarca de 71 años, que contemplaba perpetuaba legado de su familia.

“Toda mi familia -mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos-, ha nacido y muerto en El Salvador”, dice asintiendo con la cabeza. “Pero todo terminó con una extorsión de 5.000 dólares”.

Todo comenzó a mediados de 2015, cuando uno de los yernos de María Luz recibió la exigencia de un pago en efectivo llamado “impuesto de guerra”, una cantidad que imponen las brutales maras de El Salvador. Como no podía pagar, lo asesinaron.

“Estábamos viviendo como animales, encerrados en casa, sólo abríamos la puerta para salir a buscar comida”.

La siguiente amenaza cayó sobre su hija Sandra Felicitas Pérez, de 42 años. El precio para mantener a su familia y a su negocio seguros: 5.000 dólares, una suma imposible. Sandra, su esposo y sus tres hijos adolescentes estaban aterrorizados.

“Estábamos viviendo como animales, encerrados en casa, sólo abríamos la puerta para salir a buscar comida”, cuenta.

Después de unas semanas viviendo como si estuvieran en estado de sitio, María Luz, su hija de 19 años que lleva el nombre de su abuela, sacó valor y se dirigió a la tienda de la familia. Estaba en su primer año de universidad, pero todavía insistía en ayudar en el negocio familiar. Los miembros de la pandilla la estaban esperando y, tan pronto como salió de casa, le dispararon fríamente dentro de la tienda.


“Cuando me enteré, mi vida se desmoronó”, dice Sandra, mientras muestra en su teléfono móvil una foto de María Luz con sus dos hermanos, todos sonrientes. “Dos días después, la enterramos y luego huimos. Sabía que si no nos íbamos, nos matarían a todos”.

En julio de 2015, con sólo algo de ropa y todo el dinero que pudieron reunir, se dirigieron al norte, hacia México, con Carla, la hermana menor de Sandra, y sus dos hijas adolescentes.

“Dos días después, la enterramos y luego huimos. Sabía que si no nos íbamos, nos matarían a todos”.


Para entonces, las extorsiones y amenazas se habían extendido a toda la familia Pérez. El sobrino de Sandra y los cuatro miembros de su familia habían huido semanas antes y ya habían solicitado asilo en México. Mientras los asesinatos continuaban.

Con apenas 14 años, el nieto favorito de María Luz, Rodolfo Antonio, fue asesinado a tiros por un pandillero que quería sus zapatillas Puma. Tres meses después, la madre del joven, Sara del Carmen, fue tiroteada por la misma pandilla.

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María muestra una foto de su hija Sara, asesinada por una pandilla a los 27 años (© ACNUR/UNHCR/Daniele Volpe).

Ahora, los 17 miembros supervivientes de la familia Pérez viven en el mismo inmueble en una pequeña ciudad en el sur de México. Gracias, en parte, al apoyo financiero de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, cada rama familiar puede pagar el alquiler de su propio apartamento.

Los Pérez forman parte de un número creciente de personas de Centroamérica que buscan seguridad en México, huyendo de las pandillas callejeras o maras, organizaciones criminales transnacionales cuyas actividades van desde el narcotráfico a la extorsión, pasando por robos, violaciones y asesinatos.

Según ACNUR, la cifra de solicitudes de asilo en México podría duplicarse en 2017, llegando a superar las 20.000. Además, son cada vez más quienes, al igual que la familia Pérez, abandonan su país en grandes grupos familiares.

“Estamos viendo como más y más familias extensas solicitan asilo en México”, declaró Mark Manly, representante de ACNUR en México. “Estamos trabajando para asegurar que estas familias puedan permanecer juntas y puedan apoyarse mutuamente para superar las traumáticas condiciones de su desplazamiento”.

El tránsito a México ha sido una experiencia dolorosa para María Luz, que padece numerosos problemas de salud: apenas puede ver, sus rodillas están hinchadas como melones y tiene la presión arterial alta y problemas cardíacos.

“Estamos trabajando para asegurar que estas familias puedan permanecer juntas y puedan apoyarse mutuamente”.

“Yo cuido de mi madre porque todos sus problemas de salud le hacen la vida muy difícil”, dice Ana Ruth, otra de las hijas de María Luz. “También cuido de los niños y los nietos cuando los demás salen a trabajar”.
Se ayudan mutuamente y hacen todo lo que pueden para ganar el dinero suficiente para sobrevivir. La hija de María Luz, Carla, trabaja a turnos de 12 horas en un bar de tortillas, donde gana sólo 5 dólares al día. Sandra tiene una pequeña tienda fuera de su casa y los beneficios diarios rondan la misma cantidad. El marido de Ana Ruth, Pablo, gana 10 dólares al día trabajando en el taller de un mecánico local, donde también ha podido colocar a sus dos yernos y su sobrino.

“Te sientes más seguro cuando estás con tu familia”, dice Sandra. Se estira para agarrar a José, el único hijo que le queda vivo. Él también está trabajando en el taller mecánico y espera poder ir algún día a la universidad en México.

“Quiero que los demás nos vean como personas que trabajan duro, que lo dieron todo”, dice rompiendo a llorar. “Así es como podemos honrar a los miembros de nuestra familia que han muerto”.

Por James Fredrick y Daniele Volpe.

 
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