BOGOTÁ, Colombia, 25 julio 2012 (ACNUR/UNHCR) – La Agencia de la ONU para los Refugiados ha expresado su preocupación por los múltiples desplazamientos simultáneos que están ocurriendo en el país, en particular en los departamentos del Putumayo, Chocó y Norte de Santander. Estos desplazamientos, provocados principalmente por enfrentamientos entre actores armados, reclutamiento forzado, erradicaciones de cultivos ilícitos y minas antipersonales, han limitado el acceso de las comunidades a sus viviendas y lugares de trabajo. Esos desplazamientos, que no son tan visibles como la situación en el norte del Cauca, son el resultado de un crecimiento muy tangible de los niveles de inseguridad.

Solo en el departamento del Putumayo hay más de 5.000 personas desplazadas, principalmente en el municipio de Puerto Asís y de Puerto Leguízamo. El entero resguardo de Calarcá (Kichwa) ha sido desplazado durante la semana pasada por exigencia de los actores armados no estatales de la zona, y unas familias han cruzado hasta Ecuador en busca de protección.

En las distintas visitas al terreno llevadas a cabo por ACNUR y otros organismos locales e internacionales al departamento de Putumayo fue posible constatar las necesidades urgentes de asistencia humanitaria en términos de alimentos, medicamentos y acceso a salud, materiales educativos y apoyo psicosocial. Hasta la fecha, ACNUR ha entregado kits de ayuda humanitaria para atender a un total de 1.357 personas en la región. Sin embargo, las comunidades de San Miguel y Valle del Guamez han sido gravemente afectadas por el impacto del conflicto y la asistencia requerida aún no ha sido provista.

Otros desplazamientos masivos han tenido lugar desde comienzos de año en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, como resultado de ataques de grupos armados ilegales en la zona. 32 familias (64 personas) siguen desplazadas, la mayoría de las cuales están alojadas en dos albergues, y todas han sido atendidas en la emergencia adecuadamente por la alcaldía municipal con el apoyo de ACNUR y otros organismos como OPS y CICR. Sin embargo, la salud sigue siendo una de las necesidades más críticas. Para hacer frente a estos hechos, se solicitó vigilancia epidemiológica y atención de los casos. Además, las comunidades están afectadas psicológicamente ya que temen por sus vidas y las de sus hijos y están desmotivados por sus pérdidas materiales.

La costa pacífica ha sido, de igual forma, escenario de desplazamientos, especialmente en el Valle y Chocó. Cabe resaltar que en todos los departamentos mencionados hay restricciones de movilidad tanto para desplazados como para actores humanitarios en las zonas de origen y de recepción.

ACNUR considera que los distintos incidentes reflejan un total desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados ilegales, quienes deben respetar la vida y la integridad de la población civil. Por otro lado, la Agencia de la ONU para los Refugiados expresa su preocupación por los crecientes niveles de inseguridad en esas zonas del país, las reiteradas amenazas a líderes civiles y defensores de derechos humanos y también la cantidad cada día más importante de minas antipersonales. A este respecto, la presencia de campos minados en Putumayo ha provocado la muerte de cerca a 30 personas en lo que va de año.

Con 11 oficinas en Colombia, ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su mandato de protección y a tomar medidas preventivas adecuadas para proteger a las personas victimas de la violencia y del desplazamiento forzado.