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ACNUR lamenta las deportaciones de venezolanos desde Trinidad y Tobago Imprimir

GINEBRA, Suiza, 23 de abril de 2018 (ACNUR/UNHCR).- ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lamenta profundamente la deportación de 82 nacionales de Venezuela por parte de Trinidad y Tobago el pasado fin de semana. Entre estas 82 personas había solicitantes de la condición de refugiado registrados y personas que habían manifestado su intención de solicitarla, lo que convierte su retorno a Venezuela en un incumplimiento del Derecho internacional de refugiados.

“El retorno forzado de este grupo es motivo de gran preocupación”, dijo Volker Türk, Alto Comisionado Adjunto para la Protección. “Estamos en contacto con las autoridades, buscando aclarar cuál ha sido el proceso legal que ha llevado a la deportación de este grupo para asegurar que Trinidad y Tobago continúa cumpliendo con sus obligaciones internacionales”.

El grupo, que se encontraba detenido en Trinidad y Tobago fue deportado el sábado, a pesar de la petición de ACNUR de contar con acceso a las personas concernidas, así como a las intervenciones por escrito.

ACNUR insta a Trinidad y Tobago a continuar cumpliendo con sus obligaciones internacionales como firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y otros instrumentos internacionales pertinentes incorporados a su política oficial sobre refugiados, en particular, con el principio de non-refoulement* y el artículo 31 de la Convención, que requiere a sus signatarios “la no imposición de penalizaciones por su entrada o presencia ilegal” a quienes se encuentran en necesidad de protección internacional.

ACNUR continuará colaborando estrechamente con el Gobierno de Trinidad y Tobago para complementar sus esfuerzos en materia de desarrollo, refuerzo e impulso de su política de asilo y refugio, así como para apoyar a las comunidades de acogida, en tanto que se proporciona consejo y asistencia a las personas con necesidad de protección internacional.

*El principio de non-refoulement establece la obligación de los Estados de no devolver a una persona a un lugar donde su libertad, su vida o su integridad física pudiera correr peligro.


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